Temores y realidades

Si se presta atención al nivel de la protesta pública en materia de seguridad, no queda sino concluir que estamos padeciendo una oleada delictiva en la cual el primer lugar se lo lleva el secuestro.

Basta prender la tele, abrir un periódico o encontrarse a un amigo para enterarse que ya secuestraron a algún conocido; o que apareció asesinado; o que hubo una balacera para rescatar a alguien en la que hubo cuatro muertos; o descubrir un reportaje detallando que los miembros de esa banda eran agentes de policía de la Secretaría de Seguridad Publica del DF; o que en la casa a la que llevaron a algún plagiado había varias celdas ocupadas por otras víctimas; o que un hombre, desesperado, le quitó la pistola a uno de sus secuestradores y logró matar a dos.

La multiplicidad y frecuencia de las historias parece implicar la misma conclusión: estamos viviendo una epidemia criminal. La delincuencia, según se cree, ya se salió de cauce y se le fue a la autoridad de las manos. Sólo la presión pública y medidas severísimas conseguirán meter al orden a los delincuentes y bajar las tasas delictivas a niveles tolerables. 


Hechos 

Lo curioso es que la realidad, o al menos los datos disponibles, revelan casi sin excepción el panorama contrario.

En el Distrito Federal tenemos, esto es innegable, un incremento en el número de secuestros denunciados. Si en el trienio 1998-2000, cuando Cárdenas y Robles ocuparon la jefatura de gobierno, hubo en promedio anual 109 secuestros, en los tres años que López Obrador ha estado en ese cargo, el promedio es de 143, o sea 31 por ciento mayor. En la otra entidad problemática, el Estado de México, los promedios anuales pasaron de 42 a 91 en los mismos lapsos, pero además de ser la excepción no constituyen problema porque el análisis de las tendencias revela que las cifras ya llegaron a su máxima. Si en el 2002 se registraron en el DF y en el Edomex 10.40 secuestros por cada millón de habitantes, en el 2003 fueron 10.37. En el resto de la República, y también conforme a las cifras oficiales -únicas que pueden tomarse en cuenta-, de 7.4 secuestros por cada millón de habitantes que hubo en 1998, llegamos a sólo 4.2 en el 2003. Sería falso, en consecuencia, hablar de una epidemia de secuestros.

El resto de la delincuencia muestra también una tendencia a la baja. Si en el 2000 hubo en la República mil 442 delitos por cada cien mil personas, en el 2003 ya sólo fueron mil 372. Lo mismo ocurrió con los delitos graves: en ese mismo lapso bajaron de 747 a 691 por cien mil habitantes. La única excepción conocida es de nuevo el DF que en el último trimestre, al menos conforme a las encuestas delictivas que efectúa nuestro diario, tuvo un incremento en la criminalidad cometida -fuese o no denunciada-, superior al 12 por ciento. No obstante, y aun a pesar de las absurdas manipulaciones que afectan a las estadísticas criminológicas del DF, puede asegurarse que estamos lejos de los índices alcanzados en 1997. En consecuencia no hay tampoco una epidemia de la criminalidad en general ni un incremento en la violencia.

Sólo que ¿cuál es la causa, entonces, del temor público? 


Medios e Ineptitudes 

Es relativamente sencillo probar que las tasas delictivas no dan, por si solas, origen al terror al crimen que es hoy tan evidente en nuestra ciudad. Basta un ejemplo: ¿Por qué en París, donde se registraron 21 mil 456 delitos por cada cien mil personas en 2002 no hubo ninguna protesta pública y en nuestra capital, con apenas 2 mil 8 en 2003, las quejas están a la orden del día?

La respuesta es doble. En París no hubo protestas, así la delincuencia denunciada fuese, en proporción, más de 10 veces superior a la nuestra porque los medios no se solazaron en difundir los casos más terribles. La televisión mexicana y numerosas publicaciones capitalinas están jubilosamente dedicadas a difundir la nota roja: quien las vea, no puede sino concluir que la ciudad vive bajo una catarata delictiva. En París, como es evidente, también hay pasquines amarillistas que cumplen con esa tarea, pero su difusión es más restringida, por lo que es más difícil que susciten la histeria colectiva.

Mucho más importante que el punto anterior es el hecho de que en París, o en Madrid, en Roma o en cualquier otra capital europea, la gente se siente protegida por las autoridades. Si acude a denunciar un crimen es atendido con rapidez y respeto y mal que bien, y aun y cuando a la larga no se consiga sancionar al criminal, algo sucede a consecuencia de la denuncia presentada.

Aquí sucede exactamente lo contrario. Presentar una denuncia es un triunfo y, a la vez, una ordalía. Por desgracia no sólo hay tardanza, desinterés y malos tratos, sino que la regla es que a la larga no suceda nada y el expediente abierto vaya a dar al archivo sin que nadie lo lea.

Hay datos que revelan la diferencia: en el 62.3 por ciento de los delitos denunciados en el 2002 en París se presentó ante la autoridad judicial a un posible responsable. Ese mismo año en nuestro DF corrieron igual suerte sólo el 10.1 de los crímenes conocidos.

¿Será excesivo concluir que hay miedo ante la delincuencia porque estamos totalmente desprotegidos? Si nos preguntamos quién está de nuestro lado frente a los criminales ¿habrá alguien tan inocente que se atreva a contestar que sus aliados son los policías o los agentes del ministerio público? 


Consecuencias 

Una docena o poco menos de casos particularmente dolorosos o siniestros -como ocurre con algunos de los secuestros recientes-, multiplicados y exagerados por una televisión y una prensa amarillista, pueden convertirse en la imaginación popular en una oleada criminal, en una epidemia abrumadora, porque además tenemos, para colmo, autoridades ineptas y en las que no podemos confiar.

Es necesario, por supuesto, abatir el crimen, más para ello es necesario verlo en sus justas dimensiones. Mientras lo sigamos viendo al través de los lentes de la desprotección y el miedo no lograremos controlarlo.

Por Rafael Ruiz Harrell
Fuente: ICESI