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El secuestrador mexicano Daniel Arizmendi rebanaba a sus víctimas las orejas, las metía en un sobre y se las enviaba a los familiares para reclamar el rescate: ni vídeo ni historias. Arizmendi, más conocido como Mochaorejas, provocó un pequeño boom en la industria local de cirugía plástica. Lleva en la cárcel desde 1998, pero otros sociópatas han seguido sus pasos. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que cada año cientos de personas, quizás miles, son secuestradas en México. El secretario de Seguridad Pública negaba hace unos días en el Parlamento que la violencia hubiera “rebasado al Estado”, pero la gente se toma estas declaraciones con un grano de sal. Quizás porque, en el mismo instante en que él hacía esta proclama, a sólo dos calles de distancia un delincuente sacaba de su Ford Fiesta a un ciudadano a punta de pistola y, después de los tan mexicanos disparos al aire, se daba a la fuga.
El Distrito Federal nunca fue un lugar apacible, pero su seguridad se ha degradado en los últimos años. En el ranking de secuestros, sólo Colombia se sitúa ya por delante. Como diría el Zavalita de Conversación el a catedral, ¿cuándo se jodió México?
El secuestro, como cualquier actividad económica, está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta, hace falta mano de obra dispuesta y con la formación adecuada, algo que no escasea en países pobres y con grandes desigualdades.
Mochaorejas, por ejemplo, tenía una sólida preparación como ladrón de coches. También estaba muy motivado.
Lo explicaba en la revista Proceso: “Yo siempre dije: ‘Ellos tienen la culpa. ¿Por qué no pagan si tienen dinero?’ Sólo les estoy quitando una parte, si no pagan es porque no quieren a sus hijos”.
Pero por grandes dotes naturales que a uno lo adornen, si no encuentra mercado, difícilmente prosperará. En el caso de México, ese mercado se hizo abruptamente visible en 1994, cuando la familia de Alberto Harp Hely divulgó por televisión que había pagado 30 millones de dólares por su rescate. Una bombillita se iluminó en el cerebro de cientos de criminales. Ahí había un sector con gran potencial de crecimiento, y los riesgos tampoco parecían elevados: la policía mexicano tiene fama de ser una de las más corruptas del mundo. En una reciente encuesta, a los habitantes de DF les preguntaron si en alguna ocasión los había extorsionado algún agente. El 43% respondió que sí.
Finalmente, la generalización de los seguros ha aportado liquidez. Las familias ricas y los directivos de las multinacionales contratan pólizas que, en caso de rapto, te ofrecen asesoramiento y te reembolsan el rescate. Nadie se molesta en poner denuncias. Llaman a la aseguradora y pagan.
México ofrece, pues, excelentes condiciones para cualquier empresa que desee dedicarse profesionalmente a la extorsión: mano de obra abundante, impunidad y facilidades de cobro. Pero el verdadero paraíso es Colombia.
Allí ni siquiera hace falta una inversión inicial en inmovilizado: el local para ocultar a la víctima, la logística para mantenerla viva, los gastos de establecimiento… La “zona de despeje” que el Gobierno de Andrés Pastrana entregó a la FARC funciona como un gigantesco mercado secundario en el que el autor de cualquier secuestro (el emisor, digamos) puede colocar los derechos del rescate a cambio de un determinado descuento. La guerrilla se hace cargo de la custodia y la negociación con los familiares. Esta división del trabajo ha disparado la productividad.
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