Desprotegidos de hoy, delincuentes del mañana

El aumento de la participación de menores en delitos de diversa magnitud es una de las conclusiones que surge de la última inspección realizada por la Fiscalía General de la Provincia en los cuatro juzgados correccionales de menores de la ciudad de Córdoba.

El estudio, que fue elevado al Tribunal Superior de Justicia indica que, entre el 1º de febrero y el 15 de mayo de 2001, los cuatro tribunales recibieron un total de 1.176 expedientes. La cifra expresa un promedio de 11 causas por día y resulta fuertemente superior a la registrada en el 2000.


Radiografía de la realidad

Si bien las cifras del año 2001 muestran un fuerte aumento de causas penales (es un 23 por ciento superior al año 2000), la estadística indica que paralelamente disminuyeron los expedientes con jóvenes presos.

• En el primer trimestre del año 2000 hubo 162 causas con menores detenidos. Esa cifra reflejaba el 18,6 por ciento de los expedientes de entonces.
  

• Para el año 2001, las causas con presos sumaron 186, lo que equivale al 15,7 por ciento del total. 

En una primera lectura, esto hablaría de una menor peligrosidad de los jóvenes acusados de delitos, ya que, por regla general, los jueces disponen la detención del menor cuando median acusaciones graves.

Habitualmente, cuando existen imputaciones de homicidio, violación, amenazas calificadas o robo con armas, se dispone la detención del menor mientras se sustancia la investigación judicial. Sin embargo, ante la falta de plazas disponibles en institutos de contención efectiva y ante la también saturada alternativa de alojarlos en los calabozos de los precintos, los jueces se ven forzados a reservar la internación en institutos para los casos más graves. 

"Estamos dejando en libertad a chicos con robo calificado", confió un juez de menores, aceptando que se trata de una decisión obligada por las circunstancias. 

Según estimaciones de las autoridades del Consejo Provincial del Menor, de cada 12 mil chicos que anualmente son contactados por la Policía Juvenil, 1.400 son ingresados a institutos correccionales y prevencionales. El resto, unos 10.000 chicos, en la enorme mayoría de los casos no son apoyados con programas de prevención, con el riesgo cierto de que caigan en conductas delictivas.


El desamparo, cuna del delincuente juvenil

¿Cómo son esos chicos? ¿Qué características comparten los integrantes de ese enorme grupo que no recibe la atención necesaria?

• Son menores con problemas familiares, padres y madres débiles, que pasan mucho tiempo en la calle. 
  

• Son chicos que desbordaron los límites del grupo familiar, que encontraron referentes en otro lado, que abandonaron la escuela o que, si no lo hicieron, ya han tenido problemas de conducta". 

La detección y la asistencia de los menores en riesgo tiene que ser precoz, esto es, hay que llegar a ellos antes de que cometan un delito grave. Una vez que el chico ha cometido algún delito de envergadura, la situación es muy difícil de revertir. Llegados a este punto, los trabajos terapéuticos, los talleres, los programas, las becas, no alcanzan para hacer frente a los casos más serios.


Que hacer con esta realidad

A la hora de buscar las soluciones, desde el Consejo del Menor señalan que todo pasará por planificar la prevención.

"Tiene que juntarse toda la gente que trabaja en el problema y reordenar las cosas", señala Marangonzín.

En cuanto a la parte económica, según el titular del Consejo "no hace falta mucha plata".

Cada menor internado en un instituto le genera al Estado un costo mensual que va de los 1.500 a los dos mil pesos. Los mismos institutos son caros: por el tipo de trabajo y por la rotación de turnos, requieren de mucho personal, en una relación que va de dos menores por empleado, cuando no de uno a uno, según informaron en el Consejo.

"Por esto, un menor que está en una situación de riesgo y que es tomado a tiempo, es también plata que se ahorra el Estado", afirmó otro funcionario del Consejo. "Si no ponemos el esfuerzo en la prevención, siempre vamos a estar corriendo detrás de los hechos".

Según la máxima autoridad del Consejo, Córdoba padece un déficit de organizaciones no gubernamentales que trabajen con el problema de los menores en riesgo.

"La comunidad, generalmente, es mucho más sensible con los chicos más pequeños. Hay numerosas guarderías y comedores. Pero no existen instituciones suficientes para tratar con adolescentes, cuyos problemas son más agudos. Poca gente le da trabajo a estos chicos, poca gente trabaja con los correccionales. El Estado no puede ni debe hacerlo todo".

Fuente: Ciudades Más Seguras