Enseñanzas de la criminalidad

La Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-3) que llevó a cabo el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la inseguridad contó con una de las muestras más grandes del mundo en este tipo de estudios —casi 66,000 entrevistas en otras tantas viviendas—, sólo ligeramente por debajo de las que se han realizado en Estados Unidos. Su base de datos permite análisis estadísticos sumamente ricos y variados, y, a partir de éstos, consideraciones criminológicas útiles para el diseño de políticas públicas orientadas al abatimiento de la criminalidad. En el breve espacio de esta columna apenas podré esbozar algunas ideas que sugieren los resultados obtenidos.
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Contrariamente a lo que suponen sectores considerables de la población, la incidencia delictiva en nuestro país —11,000 delitos por cada 100,000 habitantes— es muy inferior a las más altas del mundo, como las que se observan en Sudáfrica o los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, en los que la incidencia llega a los 65,000 o 70,000 delitos. Sin embargo, es más elevada que la de los países que disfrutan de un razonable grado de seguridad pública, como casi todos los integrantes de la Unión Europea, o Australia, Canadá y Chile, en los que la incidencia no rebasa los 8,000 delitos por cada 100,000 habitantes.
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En cuatro entidades —Baja California, el Distrito Federal, Quintana Roo y el Estado de México— se concentra el 40% de la criminalidad nacional. En el Distrito Federal, en tres de cada diez viviendas se encontraron víctimas de delito. Tanto en la capital de la República como en Baja California, dos de cada diez personas fueron victimizadas durante 2004. En cambio, en Chiapas la incidencia es menor a 2,000 delitos, y en Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí no llega a 5,000. Así pues, en nuestro país la inseguridad está desigualmente distribuida.
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De las víctimas de la delincuencia, 27% sufrieron dos o más delitos. En estas multivíctimas se concentra más de la mitad del total de la delincuencia. También en lo individual la criminalidad se encuentra inequitativamente repartida, como la riqueza, la salud, el amor o la fortuna. Este dato es muy importante para el diseño de programas de prevención: saber las características de las víctimas reiteradas a fin de tomar las medidas que prevengan nuevos delitos en su perjuicio. Las multivíctimas son en su mayoría hombres, obreros, empleados o trabajadores independientes, de entre 20 y 24 años de edad. Así que aquel dogma de la izquierda más pedestre de que la delincuencia es un problema que afecta sólo a las clases privilegiadas, no resiste la contrastación con la realidad.
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Nueve de cada diez delitos son cometidos por hombres exclusivamente, es decir, sin participación de mujer alguna. Esta proporción abrumadora desmiente, también en materia criminal, la supuesta igualdad de hombres y mujeres. Salvo casos excepcionales, los delincuentes son y han sido, de Caín a hoy, del sexo masculino. Cuando las mujeres delinquen, los móviles suelen ser, desde antes de Medea a nuestros días, las pasiones desbordadas, o bien el enganchamiento delictivo por parte de un varón.
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La inmensa mayoría de delincuentes son jóvenes: más de siete de cada 10 delitos son cometidos por personas de entre 19 y 35 años, y casi cuatro de cada 10 por muchachos de entre 19 y 25. Esta realidad parece indicar que la configuración de horizontes atractivos para los jóvenes es un objetivo no sólo para mejorar la calidad de vida de una amplísima franja de la población sino para reducir los índices de criminalidad. Aunque no resulta infalible, el empleo es la mejor vacuna contra la delincuencia.
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En casi todos los ámbitos, las agresiones se perpetran contra hombres, pero en el doméstico ocho de cada 10 víctimas son mujeres. De ahí la importancia de la prevención a la violencia familiar, que es manifestación importante de criminalidad y, a la vez, factor generador de futuras expresiones de violencia machista.
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Cuatro de cada 10 delitos se cometen a mano armada. En tres de cada diez casos en que porta arma, el delincuente la utiliza para agredir a la víctima. De los delincuentes armados, 58% utilizaron arma de fuego y 36% arma blanca. La facilidad con que se consiguen las armas de fuego es un foco rojo para nuestras autoridades.
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Sólo 23% de las víctimas acuden al Ministerio Público a denunciar el delito. 61% de quienes no denuncian arguyen como motivos que denunciar es pérdida de tiempo, que desconfían de la autoridad o que los trámites son largos y difíciles. De las averiguaciones previas iniciadas, en 49% no sucedió nada, 26% se encontraban en trámite y sólo en 7% se detuvo al presunto delincuente sin que se le pusiera de inmediato en libertad. Lo anterior muestra que la falta de denuncia obedece a las trabas y las dificultades que imponen las procuradurías de justicia tanto como a la ineficiencia de su trabajo.
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Mientras en algunos países, como España, la policía es la institución más prestigiada, en México siete de cada 10 personas siente poca o ninguna confianza en las autoridades policíacas. No puede ser más clara —más tenebrosamente clara, por decirlo con palabras de Machado— la urgencia de profesionalizar y modernizar a fondo nuestras corporaciones de seguridad pública.
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En los países industrializados la regla es que las autoridades registren la tercera parte de los delitos que se cometen, en tanto que en el nuestro sólo reconocen la sexta parte. Es preciso superar las deficiencias de los sistemas estadísticos oficiales.
Fuente: www.icesi.org.mx
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