El valor de la seguridad

Las grandes compañías de móviles europeas y los Estados comunitarios están diseñando un plan de choque para tratar de frenar el imparable incremento de robos de teléfonos celulares, que está alcanzando unos niveles preocupantes. Tan sólo en España, el año pasado se sustrajeron 250.000 teléfonos móviles. Una cifra superior a la francesa (200.000), aunque aún lejos de los 700.000 terminales robados en el Reino Unido en 2002. En el conjunto de la Unión Europea, el número de robos a lo largo del año pasado se disparó hasta 2,5 millones de unidades. 

En esencia, este plan europeo antihurto bebe en el sistema que se aplica, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito. Es decir, se asienta sobre la inutilización del objeto sustraído en cuanto se produzca el pertinente aviso del cliente damnificado.

Para ponerlo en marcha se han dado diversos pasos, tanto desde el punto de vista técnico como político. En primer lugar, se ha modificado el estándar de seguridad del parque de teléfonos móviles en el ámbito de la Unión Europea. En segundo, las empresas implicadas tienen previsto intercambiar y centralizar las bases de datos con los códigos de seguridad de todos los terminales de móviles, de tal manera que se puedan identificar los sustraídos e inmovilizarlos. El calendario previsto es que este sistema empiece a funcionar país por país en junio de este año. Y que en el segundo semestre esa cobertura sea en toda la Unión Europea.
 
La iniciativa no es sólo empresarial. Cuenta con el respaldo efectivo de los Estados. Por ejemplo, el Gobierno español acaba de incluir en su proyecto de reforma del Código Penal medidas que van en esa misma línea. Una de las modificaciones es tipificar como delito la alteración de los códigos de seguridad de los teléfonos móviles. Y es que en torno al robo de teléfonos móviles se han creado auténticas redes internacionales de delincuencia. Es más, estas sustracciones se han convertido en habituales hasta en los colegios.

El plan consensuado entre los Gobiernos y las compañías telefónicas hace frente no sólo a un serio problema legal o de orden público. Aborda una cuestión de mucho mayor calado, el valor económico de la seguridad. En una sociedad en la que no hay fronteras y en la que la tecnología ofrece soluciones y salidas para casi todo, la seguridad juega un papel fundamental en la vida de un proyecto empresarial. Su éxito o fracaso puede depender de este factor en multitud de ocasiones. De ahí que el control sobre las medidas de seguridad en tarjetas de crédito, automóviles, conexiones de pago por visión y ahora teléfonos móviles sea cada vez más estrecho. 

El proyecto que hay sobre la mesa debe, en consecuencia, contar con el mayor respaldo e implicación posible de las empresas y las Administraciones. Es necesario salvaguardar el valor de la seguridad.

Fuente: Manuel Marín - Cinco Días