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El Ministerio Público en México
(Primera parte)

Por: Agustín Salgado García
Licenciado en Derecho
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo
ssiggmma12@hotmail.com
  

1. Definición y Principios Esenciales del Ministerio Publico

Definición
El Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define al Ministerio Público como: "la institución unitaria y jerárquica dependiente del organismo ejecutivo, que posee como funciones esenciales las de persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal; intervención en otros procedimientos judiciales para la defensa de intereses sociales de ausentes, menores e incapacitados, y finalmente, como consultor y asesor de los Jueces y Tribunales."

Marco Antonio Díaz de León, al respecto dice: "Es el órgano del Estado encargado de investigar los delitos y de ejercitar la acción penal ante el Juez o Tribunal de lo Criminal."

En mi concepto la definición más acertada es la que maneja el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ya que se refiere al Ministerio Público de una manera más amplia, pues hace mención de sus características así como de sus funciones en forma general. Esto no significa que la definición dada por Marco Antonio Díaz de León sea mala simplemente es más concreta.

Principios Esenciales del Ministerio Publico
Los Principios esenciales que caracterizan al Ministerio Público son:

  1. Jerarquía o Unidad
    Por jerarquía o unidad se debe entender, las de mando que radica en el Procurador General, en quien residen las funciones del Ministerio Público. Las personas físicas que integran la institución se consideran como una prolongación del Titular, es decir son miembros de un solo cuerpo, bajo una misma dirección. "La unidad consiste en que haya una identidad de mando y dirección, en todos los actos que intervengan los funcionarios del Ministerio Público; las personas físicas que forman parte de la institución constituyen una pluralidad de funcionarios, pero su representación es única e invariable. Esto significa que todos los funcionarios que trabajan en lo mismo tienen idénticas facultades y funciones, están investidos del mismo poder; lo que cuenta es la función no la persona física que la desempeña, la que actúa no en nombre propio, sino como función del órgano instituido al que representa; en consecuencia, no es requisito que la persona investida con el carácter de Ministerio Público tantas veces como se requiera sin que por ello se afecten o invaliden los actos del anterior.

    "Todo el Ministerio Público es una unidad de funciones, de facultades, de poderes y atribuciones propias de la Institución, aunque desde luego y no obstante que las mismas están fijadas por la ley, jerárquicamente corresponde el mando al superior o sea, al Procurador General de Justicia; habrá lógicamente diversidad de funcionarios, pero todas conforman una unidad congruente y armoniosa de funciones."

    En nuestra legislación no se ha logrado la unidad absoluta de la Institución, ya que como lo dice Juventino V. Castro: ". en el campo federal existe un Ministerio Público Federal, bajo la dependencia del Procurador General de la República, y en materia común la institución tiene como jefe al Procurador de Justicia del Distrito Federal, o del Estado de que se trate; e igualmente existe un Procurador General de Justicia Militar."

  2. Indivisibilidad
    El Ministerio Público es indivisible en virtud de que éste interviene en cualquier negocio de su competencia y actúa de una manera impersonal ya que representa siempre a una sola y misma persona en instancia: la sociedad o el estado. "De tal manera que aun cuando varios agentes intervengan en asuntos cada uno de ellos en ejercicio de sus funciones representa a la persona moral del Ministerio Público como si todos sus miembros obraran colectivamente. A la pluralidad de miembros corresponde la indivisibilidad de los Institutos: Unidad en la diversidad". Así tenemos que en nuestra legislación, uno es el agente del Ministerio Público que inicia la investigación y otro es el que consigna y sigue el proceso. "Estos representan en sus diversos actos a una sola institución y el hecho de separar a la persona física de la función específica que le está encomendada, no afecta ni menoscaba lo actuado. Esto se explica, en razón de que atendiendo lo dispuesto por la legislación, uno es el agente del Ministerio Público que inicia la investigación y otro es el que consigna y sigue el proceso.

  3. Independencia
    La independencia del Ministerio Público estriba únicamente en cuanto a su jurisdicción ya que sus integrantes reciben órdenes del superior jerárquico, lo que no sucede con los órganos jurisdiccionales. "El hecho de que en México el Procurador de Justicia dependa del Ejecutivo, nada tiene que ver ni afecta su autonomía."

    "Don Luis Cabrera, en el estudio presentado ante el Congreso Jurídico Mexicano de 1932, propone que el Ministerio Público Federal fuera designado por el Congreso de la Unión, ser inamovible y con la misma dignidad de los Ministros de la Suprema Corte. Asimismo, dice que debe ser independiente del Poder Ejecutivo y pagado dentro del presupuesto del Poder Judicial, e, independientemente de la institución del Ministerio Público, deberá de haber un Abogado o Procurador General de la Nación, dependiendo directamente del Poder Ejecutivo y con la categoría de Secretario de Estado, con las funciones de representante de la Federación cuando ésta fuese parte, y a las diversas dependencias del Ejecutivo cuando actúen como actores o demandados, y será igualmente consejero político del gobierno y jefe de los departamentos jurídicos de las diversas dependencias administrativas. Argumentó esto, diciendo que nuestra Constitución hace del Ministerio Público un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, ya que éste es el que nombra al Procurador General de la República, removible a su voluntad, y de la misma forma, es el Procurador el Consejero Jurídico del gobierno. Dicho en estos términos, no puede haber independencia mientras siga siendo el Procurador el encargado de llevar la voz y hacer cumplir los mandatos del Poder Ejecutivo."

    Particularmente estoy a favor de que el Ministerio Público tenga la misma dignidad que el órgano jurisdiccional, puesto que es parte fundamental de la administración de justicia, (principalmente en materia penal) porque esta nace con la procuración de la misma, pero difiero en el sentido de que deje de pertenecer al Ejecutivo pues no es viable para la aplicación correcta del Derecho que pertenezca al Poder Judicial ya que una misma autoridad no debe ser juez y parte como lo fue hasta antes del nacimiento del Ministerio Público en nuestro país; independientemente de que sea pagado en el presupuesto correspondiente al Ejecutivo, su independencia no consiste en definir ha que poder debe pertenecer, su independencia más bien se refiere en cuanto a sus funciones y si esta son manipuladas por el ejecutivo es más bien por cuestiones de carácter eminentemente político y no por la dependencia de poderes pues esto igual puede suceder en cualquier otro poder.

  4. Irrecusabilidad
    "Esto no implica que sus funcionarios, en lo particular, puedan y deban conocer indiscriminadamente de cualquier asunto que se someta a su consideración. Efectivamente, deben excusarse en los mismos supuestos en que han de hacerlo los juzgadores" Los agentes del Ministerio Público no son recusables, pero estos y los funcionarios de la Procuraduría deben excusarse del conocimiento de los asuntos en que intervengan cuando se dé alguna de las causas siguientes: tener parentesco con el indiciado o con el ofendido; tener interés económico o de cualquier naturaleza en el asunto; haber sido el funcionario demandado de algunas de las partes interesadas en el caso; haber dictado en el asunto una resolución concluyente en una instancia anterior; y haber emitido dictamen en relación con el mismo caso en otra instancia, o vía judicial del procedimiento.

  5. El Ministerio Público es Insustituible
    En relación a este principio Marco Antonio Díaz de León dice: "El Ministerio Público no admite sustitución en sus funciones; ningún órgano del Estado, ni particular cual ninguno, pueden realizar sus actividades; de no ser él nadie puede ejercitar la acción penal, ni perseguir en la secuela del proceso, ni acusar, ni pretender punitivamente de manera directa e independiente ante el órgano jurisdiccional sin embargo, en la fase de sus actividad indagatoria, se permite a la policía judicial realizar funciones pertenecientes al Ministerio Público."


2 Naturaleza Jurídica del Ministerio Publico.

En la doctrina este punto ha causado gran polémica, pues se pretende determinar si el Ministerio Público como órgano del Estado, tiene esencia administrativa o, judicial; han tratado, pues, de encuadrar su estructura en cualquiera de estas dos divisiones.

Se dice por una parte que es un órgano administrativo, ".porque el representante social no realiza funciones legislativas, ni tampoco jurisdiccionales; porque tal actividad por sistema y por mandato constitucional, compete tan solo al Tribunal. Que en tal virtud, por exclusión si el Ministerio Público no formula leyes, ni decide controversias, resulta que su naturaleza no puede ser otra que la de órgano administrativo." Apoyando este pensamiento Leone hace las reflexiones siguientes."

  1. "La presencia en el proceso en posición destacada del Ministerio Público respecto del Juez, debe ante todo llevar a excluir la identificación de la naturaleza jurídica de ambos sujetos. En otras palabras, si el Juez y el Ministerio Público ejerciesen las mismas funciones (a saber las funciones jurisdiccionales), no se explicaría la necesidad de una distinción de posiciones y de poderes; en particular, no se explicaría porqué la acción penal haya quedado en la posición estática, de quien no puede poner en movimiento el mecanismo procesal sin el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

  2. "El Ministerio Público presenta un requerimiento: el cual, en primera instancia, es como una promoción de la acción penal y actos a ella correlativos, se reduce una mera demanda de decidir acerca de una notitia criminis; pero en la fase de las impugnaciones tiene un contenido específico, a sabe, se presenta como una demanda de reforma o de anulación.

  3. "Aún queriendo considerar el conjunto entero de funciones del Ministerio Público a través del prisma de la necesidad de orden técnico y dialéctico, se perfila siempre una distinción de funciones y de poderes entre el Ministerio Público y el Juez, que impide la subsunción de ambos en la jurisdicción."

Desde el punto de vista de las funciones a desempeñar, entonces no puede pertenecer al poder judicial puesto que no es su función aplicar la ley a un caso concreto.

"La gran diversidad de funciones que se le encomiendan a esa institución, como las de consejero Jurídico, Representante Jurídico de la Federación, fiel guardián de la legalidad, la defensa de los intereses patrimoniales del estado. De algún modo son facultades administrativas y justifican su dependencia al poder ejecutivo."

En la doctrina italiana, algunos autores afirman que el Ministerio Público es un órgano administrativo, uno de estos es Guarneri quien establece que: El Ministerio Público es un órgano de la administración pública destinada al ejercicio de las acciones penales señaladas en las leyes y por tal motivo, la función que realiza bajo la vigilancia del Ministerio de Gracia, es de representación del Poder Ejecutivo en el proceso penal, y aunque de acuerdo con las leyes italianas forma parte del orden judicial sin pertenecer al Poder Judicial, en consecuencia, no atiende por si mismo a la aplicación de las leyes, aunque procura obtenerla del Tribunal cuando y como lo exige el interés público; de manera que está al lado de la autoridad judicial como órgano de interés público en la aplicación de la ley. Los actos que realiza el Ministerio Público son de naturaleza administrativa, lo que justifica que se apliquen a ésta, los principios del derecho administrativo, tan es así que pueden ser revocables, comprendiéndose dentro de la propia revocación la modificación y sustitución de uno por otro.

Siracusa afirma que: El Ejecutivo está encargado de conservar el orden, de vigilar la seguridad pública, de asegurar a todo ciudadano la libertad en el ejercicio de las derechos: en suma a él compete velar por la plena ejecución de la ley. Si bien el Ministerio Público es un órgano administrativo, el poder ejecutivo no tiene ni debe tener ninguna injerencia en el ejercicio de la acción penal.

Por lo tanto existe una dependencia jerárquica del Ministerio Público hacia el Ejecutivo, es autónomo en sus funciones, no estando limitado por ningún poder del Estado, únicamente por la normatividad.

"En 1961 la Suprema Corte de Justicia negaba al Ministerio Público su carácter de autoridad administrativa, tesis que debe considerarse actualmente superada y entender que si es cierto que dicha institución actúa en el proceso, pero no lo es como autoridad que investiga los delitos que se le denuncian, y aun no decide si consigna al juez o archiva el asunto por falta de elementos para ejercitar la acción penal a su encargo. Y por su puesto el Ministerio Público que no actúa en cuestiones penales es siempre una autoridad administrativa, si bien tiene un margen muy especifico de atribuciones."

Por otra parte Raúl Alberto Frosali, manifiesta: ".que dentro del orden judicial, según la etimología de la palabra judicial, debe entenderse todo aquello que se refiere al juicio y en consecuencia a la actividad jurisdiccional es por ese motivo judicial. Sigue diciendo Frosali, ".la actividad del Ministerio Público es administrativa, porque no es legislativa ni jurisdiccional, ni tampoco política pero amerita la calificación de judicial, porque se desenvuelve en un juicio."

Con esto Frosali opina que desde el punto de vista, del medio en que se desenvuelve el Ministerio Público, este pertenece al ámbito judicial.

Guillermo Colín Sánchez en relación a esto nos dice que no considera que Frosali este en lo justo, ".porque desde su punto de vista habría que considerar con tal carácter al procesado, a los testigos y demás personas que intervienen en el proceso lo cual es erróneo."

También cabe mencionar que si consideramos la naturaleza jurídica del Ministerio Publico, desde este punto de vista, entonces, se esta viendo al Ministerio Publico como autoridad, una vez ejercitada la acción penal, lo que nos llevaría a otra tarea de gran discusión, lo cual trataremos detenidamente en un apartado posterior.

"El Ministerio Publico dada su naturaleza y fines, carece de funciones jurisdiccionales éstas son exclusivas del juez, de tal manera que debe concretarse a solicitar la aplicación del Derecho, mas no a declararlo."

La más reciente doctrina encabezada por Giussepe Sabatini y Giuliano Vassalli, otorgan al Ministerio Publico carácter de órgano jurisdiccional o de órgano perteneciente a la judicatura, al afirmar que: ".si la potestad judicial tiene por objeto el mantenimiento y la actuación del orden jurídico, como esta última abarca al poder judicial y éste a su vez a las otras actividades no jurisdiccionales comprendidas en el objeto indicado, de esta manera, los autores mencionados afirman que el Ministerio Publico es un órgano judicial, pero no administrativo".

En la legislación mexicana no es posible concebir al Ministerio Público como un órgano jurisdiccional, porque no esta facultado para aplicar la ley, ésta es una atribución exclusiva de la autoridad judicial, la ley Suprema en su artículo 21 establece que: " La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial." Claramente separa e independiza las funciones, estableciendo así la exacta y correcta aplicación de la ley.

Hay también quienes identifican al Ministerio Público como auxiliar de la autoridad judicial, debido a las actividades que realiza a través del procedimiento, ya que su actuación está encaminada a lograr el fin de la función jurisdiccional: La aplicación de la ley al caso concreto.

"En cierta forma es posible admitir que colabora con la actividad jurisdiccional a través de sus funciones especificas, por que en ultima instancia, estas obedecen al interés característico de toda la organización estatal. Para el fiel cumplimiento de sus fines, el estado encomienda deberes específicos a sus diversos órganos para que en colaboración plena y coordinada, mantengan el orden y legalidad, razón por la cual el Ministerio Público, lo mismo al perseguir el delito que al hacer cesar toda lesión jurídica en contra de los particulares, dentro de esos postulados, es un auxiliar de la función jurisdiccional para lograr que los jueces hagan 
actuar la ley."

Así tenemos que: "El Ministerio Público tiene una personalidad polifacética; actúa como autoridad administrativa durante la fase preparatoria del ejercicio de la acción penal, como sujeto procesal, como auxiliar de la función jurisdiccional ejerce tutela sobre menores e incapacitados y representa al Estado protegiendo sus intereses etc."


3. Funciones del Ministerio Público en el Procedimiento Penal

El Ministerio Público inicia su función desde el momento en que tiene conocimiento de un hecho delictuoso integrando así la averiguación previa, el conocimiento de dicho ilícito es un requisito de procedibilidad para que pueda o no ejercitar la acción penal en contra del inculpado ante el órgano jurisdiccional, de no existir denuncia, acusación o querella, nadie podrá sustituir su función.

El conocimiento que tiene el Ministerio Público del hecho que se estima delictuoso puede ser en forma directa o indirecta, por conducto de cualquier particular o por cualquier elemento de policía, por lo que cabe hacer mención de lo que es la denuncia, la querella y la acusación.

DENUNCIA. Es la noticia que hace cualquier persona en forma directa e inmediata al Ministerio Público de la posible comisión de un delito que deberá perseguirse por oficio, pudiendo ser ésta de manera verbal o por escrito.

QUERELLA. "La querella puede definirse como la manifestación de voluntad unilateral, de ejercicio potestativo, llevada a cabo por el ofendido o sujeto pasivo ante el Ministerio Público para que tome conocimiento de un posible delito no perseguible de oficio, para que inicie la averiguación previa correspondiente y al integrarse ésta, ejercite la acción penal contra el o los presuntos responsables".

ACUSACION. "Es la imputación directa que se hace a una persona o personas determinadas de la posible comisión de un delito, ésta ya sea perseguible de oficio o a petición del ofendido."

Podemos dividir en tres momentos la función del Ministerio Público, siendo éstos la función investigadora, la función acusatoria y la función procesal.

FUNCION INVESTIGADORA. Esta se realiza antes del proceso; este momento comprende la averiguación previa que, como fase del procedimiento penal, puede definirse: "como la etapa procedimental durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para comprobar en su caso, la existencia de los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de la acción penal, pues como dice Colín Sánchez: "la preparación del ejercicio de la acción penal se realiza en la averiguación previa, etapa procedimental en que el Ministerio Público en ejercicio de la facultad de Policía Judicial, practica todas las diligencias necesarias que le permitan estar en aptitud de ejercitar la acción penal, debiendo integrar, para esos fines, los elementos que integran el tipo penal y la presunta responsabilidad.

Como consecuencia del carácter de autoridad de que se encuentra investido el ministerio público en esta fase Investigatoria, sus actuaciones tienen pleno valor probatorio.

"La actividad investigadora es presupuesto forzoso y necesario del ejercicio de la acción penal, es decir, del excitar a los tribunales a la aplicación de la ley al caso concreto, pues es obvio que para pedir la aplicación de la ley a una situación histórica, es menester dar a conocer la propia situación y, por ende, previamente estar enterado de la misma.

De la actividad investigadora se puede deducir (lo mismo que de la función persecutoria en general) la calidad de pública, en virtud de que toda ella se orienta a la satisfacción de necesidades de carácter social.

Los principios que rigen el desarrollo de la actividad que estamos estudiando, son:

1. La iniciación de la investigación, está regida por lo que bien podría llamarse "principio de requisitos de iniciación", en cuanto no se deja a la iniciativa del órgano investigador el comienzo de la misma investigación, sino que para dicho comienzo, se necesita la reunión de requisitos fijados en la ley (oportunamente se estudiará con detalle este punto).

2. La actividad investigadora está regida por el principio de la oficiosidad. Para la búsqueda de pruebas, hecha por el órgano encargado de la investigación, no se necesita la solicitud de parte, inclusive en los delitos que se persiguen por querella necesaria. Iniciada la investigación, el órgano investigador, oficiosamente, lleva a cabo la búsqueda que hemos mencionado.

3. La investigación está sometida al principio de la legalidad. Si bien es cierto que el órgano investigador de oficio practica su averiguación, también lo es que no queda a su arbitrio la forma de llevar a cabo la misma investigación."

FUNCION ACUSATORIA. Una vez que la etapa de investigación ha concluido, y se reunieron los elementos que integran el tipo penal y la presunta responsabilidad el Ministerio Público tiene el deber de ejercitar la acción penal, fijando en la consignación, la concreta, determinada y precisa pretensión punitiva, la que debe estar fundada específicamente en todos y cada uno de los dispositivos o tipos penales que fijan la situación jurídica del caso y que están contenidos en la ley sustantiva penal, sin que le sea permitido cambiarla y modificarla, una vez plasmada, durante la secuela del procedimiento.

FUNCION PROCESAL. Ya ejercitada la acción penal ante el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público tiene la obligación de seguirla ejercitando durante el proceso, hasta que se agote o se dicte la correspondiente sentencia.

Cuando al ejercitarse la acción penal el inculpado se encuentra detenido, se pondrá a disposición del juez en el centro de reclusión del lugar en el que esté el juzgado. En el supuesto de el inculpado no se encuentre detenido el Ministerio Público solicitará al juez la orden de aprehensión correspondiente si el delito imputado tiene señalada pena corporal.
"Este poder le viene en cuanto a ser el sujeto activo de la relación procesal; investido resulta por lo mismo de una serie de potestades jurídicas de ejercicio en el desarrollo y contenido formal de la instancia, pudiendo disponer, según su legal arbitrio, de los medios y maneras de perseguir punitivamente mediante actos propios de su voluntad y competencia determinados por la ley, disposición ésta que de ninguna manera debe comprender el contenido mismo, materia del proceso o pretensión punitiva nacida del delito, la que por derivar del derecho sustantivo penal pertenece al Estado como ius puniendi o su derecho a castigar; tampoco la acción puede estar, en ningún caso, a disposición del Ministerio Público que tan sólo la hace valer, pues una vez que es ejercitada, éste no puede ser privado de ella por acto nacido de la voluntad del acusador."

CONCLUSIONES DE MINISTERIO PÚBLICO

"Son las que formula una vez terminada la instrucción en el proceso penal, para establecer su posición definitiva respecto a la existencia y clasificación del delito, así como en relación con la responsabilidad del inculpado; las que deben servir de base a la resolución del juzgador."

Las conclusiones del Ministerio Público asumen gran importancia al momento de cerrarse la instrucción en el proceso penal, pues de acuerdo con ellas el juzgador debe emitir su disposición.

El Ministerio Público tiene la facultad de adoptar dos posiciones diversas ya que puede presentar conclusiones acusatorias o conclusiones no acusatorias, pero en los dos casos debe hacer una exposición sucinta y metódica de los hechos conducentes e invocar las preceptos legales aplicables al caso.

Si las conclusiones son acusatorias, el Ministerio Público debe determinar las proposiciones concretas relativas a los hechos punibles que atribuye el inculpado, señalando los elementos constitutivos del delito y las circunstancias que deben tomarse en cuenta para la imposición de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño, cuando proceda.

En las propias conclusiones, el Ministerio Público fija de manera definitiva los términos de la acusación, con la facultad de reclasificar la tipificación de los hechos delictuosos de acuerdo con los resultados de la instrucción, siempre que no altere los mismos hechos, por lo que el juez debe circunscribirse a los límites de acusación y no puede rebasarla agraviando o variando la petición del acusador.

Las conclusiones del Ministerio Público influyen también en la defensa, ya que si son acusatorias deben comunicarse al inculpado y a su defensor para que contesten el escrito de acusación y formulen a su vez las conclusiones que consideren pertinentes, las que pueden variar en tanto no se declare visto el proceso, pero si no se presentan en el plazo común de diez días, se deben tener por formuladas las de inculpabilidad.

Algunos autores opinan de la acción penal en la forma siguiente:

Julio Acero nos dice: "Las conclusiones se asientan por escrito y suelen comenzar con una exposición de los hechos contenidos en el proceso, seguida de las apreciaciones jurídicas respectivas y terminando como parte esencial con las promociones finales de acusación o no acusación contra los reos o con una petición de diligencias para mejor información.

"Las conclusiones acusatorias equivalen a la demanda en el procedimiento Civil. Abren propiamente el juicio; constituyen el verdadero ejercicio de la acción penal, pues es allí en donde se acusa ya en concreto a determinado individuo y se pide para él una pena determinada; queda planteada en definitiva la contienda y sometido a ella y a su decisión el inculpado. Antes de las conclusiones no se sabe quiénes resultan acusados y sometidos a juicio, pues la averiguación se abre contra todos los presuntos responsables que pueden ir apareciendo y variando, aprehendidos o no. Sin conclusiones acusatorias no puede haber por lo mismo ningún procedimiento de juicio y con ellas, tiene que haberlo. La no acusación del Ministerio Público ratificada por el Procurador, termina por sí sola y definitivamente el proceso respecto del reo favorecido con ella, porque nadie puede ser condenado si no se le demanda por quien corresponde y en materia penal la persecución del delincuente y requerimiento de su castigo corresponde con exclusividad al Ministerio Público".

Al respecto, también opina Carlos Franco Sodi, que sostiene: "Las conclusiones del Ministerio Público son un acto de éste, realizado en el ejercicio de la acción penal, mediante el cual precisa el cargo y solicita la imposición de la penalidad fijada por la ley, exactamente aplicable, o bien expresa cuáles son las razones de hecho y derecho en que se funda para no acusar y solicitar la libertad absoluta del procesado y el sobreseimiento de la causa".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este punto ha dictado las siguientes tesis:

"CONCLUSIONES ACUSATORIAS" En las conclusiones acusatorias se puntualiza el ejercicio de la acción penal.

Sexta Epoca: Segunda Parte: Vol. XXIV, p. 24 D. 2085/58. Aldo Cazaurang Ramírez. Unanimidad de 4 votos".

"ACCION PENAL. CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PUBLICO", que adolecen la falta de precisión. Cuando el Ministerio Público en su pliego de conclusiones señala que acusa por la figura prevista en el artículo determinado, y en la disposición legal invocada se consignan muy diversas hipótesis, no puede la responsable estudiar cual de todas ellas fue la que se comprobó, pues al hacerlo violaría el artículo 21 Constitucional, ya que la acusación debe formularse en términos precisos y de no hacerse en esa forma, no puede dictarse sentencia condenatoria, pues el acusado se encontraría en una situación de indefensión y el órgano jurisdiccional invadiría funciones que corresponden al órgano de acusación.

Amparo directo 913/62, por unanimidad de cuatro votos. Ponente el Sr. Mtro. Juan José González Bustamante. Secretario Lic. Javier Alba Muñoz. 1a. Sala. Informe 1962. p.23".

"ACCION PENAL. CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PUBLICO". No deben rebasarse. Según la tesis jurisprudencial número ciento setenta y uno (corresponden en esta obra a los números 372 y 2370), visible en el último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación: el ejercicio de la acción penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público; de manera que, cuando él no ejercita esa acción, no hay base para el procedimiento; y la sentencia que se dicte sin que tal acción se haya ejercitado por el Ministerio Público, importa una violación de las garantías consignadas en el artículo 21 Constitucional.

Esta tesis también puede aplicarse al caso en que el Ministerio Público no sólo omite pedir se condene por tal concepción sino solicita en sus conclusiones que se absuelva del pago de la reparación del daño, considerada como pena pública, y el juez la decrete en su sentencia, violando así el artículo 21 Constitucional, supuesto que rebasa los términos de la acusación. Amparo Directo 4301/60. Ambrosio Rodríguez Contreras. Resuelto el día 23 de enero de 1962, por unanimidad de 4 votos. Ponente Mtro. Alberto R. Vela. Srio. Lic. José M. Ortega, 1a. Sala. Informe 1962. p. 22".

"CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PUBLICO" Al Ministerio Público corresponde de manera exclusiva el ejercicio de la acción penal y a los tribunales la función impositiva de las penas, pero teniendo en cuenta estos últimos el marco de las conclusiones acusatorias del representante social, por lo cual si se condena por delito de mayor gravedad que el imputado por el Ministerio Público, se viola el artículo 21 Constitucional por sobrepasar la modalidad que aquel funcionario señaló para el delito.

Directo 2807/1956. Antonio Hacha Carmona. Resuelto el 5 de diciembre de 1956, por unanimidad de 5 votos. Ponente el Sr. Mtro. Mercado Alarcón. Srio. Lic. Raúl Cuevas.1a. SALA. Boletín, p. 13.


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